La Campaña Valor al Campesino se propuso contribuir a que las y los campesinos sean revalorizados y fortalecidos por las políticas públicas y por la sociedad, reconociéndoles el papel central que juegan en la economía, la producción de alimentos saludables y la conservación del medio ambiente en el país. Para la Campaña, los pequeños agricultores son sujetos productivos indispensables para el desarrollo del campo y para garantizar el abasto de alimentos diversos, frescos y saludables; son una pieza clave para mejorar la economía y la alimentación de las y los mexicanos. Muestra de lo anterior son los siguientes datos:
La pequeña unidad campesina es predominante en el campo mexicano: de los cuatro millones 69 mil 938 Unidades de Producción (UP) con actividad agropecuaria o forestal, 70 por ciento son menores o iguales a cinco hectáreas. A pesar de sus condiciones precarias para producir y de la falta de apoyos económicos gubernamentales, genera 40 por ciento de la producción agropecuaria nacional. Aun así, tiene un elevado potencial productivo por desarrollar. Siete de cada diez de estas pequeñas UP son productoras de maíz (blanco y amarillo) y seis de cada diez de frijol. La pequeña unidad genera 60 por ciento del empleo agropecuario familiar y contratado; produce alimentos sanos y nutritivos; mantiene la diversidad biológica, de manera fundamental la del maíz, base de nuestra alimentación; resguarda los recursos naturales, y es importante abastecedora de la agroindustria. Todo lo anterior lo hace en sólo 17 por ciento de la superficie laborable de nuestro país, en su mayoría con condiciones de temporal y escasos apoyos públicos de fomento productivo (Robles Berlanga, Héctor, 2013. Los pequeños productores y la política pública).
La pequeña producción mantiene vivo el legado de las y los antiguos pobladores que desde hace más de diez mil años iniciaron en esta región de la Tierra el cultivo de maíz, calabaza, frijol, chile, jitomate, aguacate, vainilla, papaya, guayaba y otros alimentos que en conjunto representan 16 por ciento de las especies que hoy consume la humanidad (Sarukhán, 2008. Capital natural de México).
FOTO: Manuel Antonio Espinosa Sánchez
La labor de las y los pequeños productores permite combatir el mayor problema de salud pública en México: la epidemia de obesidad, que se ha incrementado en los 30 años recientes. La incidencia de sobrepeso y obesidad en mujeres adultas aumentó de 35 a 73 por ciento entre 1988 y 2012 La diversidad de cultivos es indispensable para el fomento de dietas variadas que contribuyan a enfrentar la desnutrición, el sobrepeso (Encuesta Nacional de Salud y Nutrición).
La producción campesina de alimentos es la base del reconocimiento a la cocina tradicional mexicana como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Fue reconocida por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en 2010, por ser “un modelo cultural completo que comprende actividades agrarias, prácticas rituales, conocimientos prácticos antiguos, técnicas culinarias y costumbres y modos de comportamiento comunitarios ancestrales (Unesco, 2010. La cocina tradicional mexicana).
Entre las iniciativas que impulsa la Campaña está que el gobierno mexicano, en el marco del Presupuesto Base Cero, considere la creación de un programa en apoyo a las unidades económicas rurales con poca superficie o con bajos ingresos, por lo que se propone:
Enfoque territorial. Este enfoque implica la organización de los componentes del espacio geográfico en procesos concretos que buscan el logro de propósitos comunes. Permite articular la política pública en objetivos comunes, aprovechar los escasos recursos presupuestales y potenciar las actividades de los pequeños productores ligados a los ejes productivos principales, en vez de apoyar micro proyectos aislados y dispersos.
La atención se centra en la persona y su familia. Actualmente muchos de los programas tienen como sujetos de atención hectáreas, cabezas de ganado, proyectos realizados, etcétera, lo que desarticula a las Unidades Económicas Rurales por atenderlas en sólo una parte de sus actividades y no de manera integral; las metas e indicadores no permiten medir los impactos en las personas y sus actividades. Tal modelo se presta a la duplicidad y a la creación de incentivos negativos, y dificulta la articulación institucional.
Inclusión financiera. Aprovechar los programas de transferencias condicionadas para utilizarlos como garantías líquidas con la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND) para que esta institución otorgue crédito oportuno a los productores (al principio de los ciclos agrícolas) y el productor pueda realizar sus actividades a tiempo, elegir al prestador de servicio que mejor le convenga y le ofrezca mejor precio y adquirir sus insumos de acuerdo con sus necesidades y a mejores precios.
Organización social productiva. Se reconoce que sin capital social no existe posibilidad alguna de que los pequeños productores puedan incrementar su productividad y abatir su situación de pobreza. Se trata, como lo señala Rimisp-Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (2015), de superar la formación de “organizaciones” subordinadas a las necesidades y lógicas de proyectos o programas particulares, invirtiendo en cambio en desarrollar o fortalecer organizaciones realmente autónomas, democráticas y cada vez más autosustentables.
Desarrollo de capacidades. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) analizó la situación del extensionismo rural en México y en su diagnóstico señaló que no existe un servicio de extensión agrícola. Lo que se da es que los productores cuenten con asistencia técnica al acceder a distintos programas de la Secretaría de Agricultura (OCDE, 2011). Por ello se debe de implementar un servicio de extensionismo que identifique con los sujetos beneficiarios del programa los proyectos de carácter territorial y que en un segundo momento un equipo de técnicos especializados formule los proyectos territoriales.
Compactación de la oferta institucional. En lugar de un sinnúmero de programas, se propone un solo programa que agrupe la oferta institucional dispersa de diez instituciones de gobierno y 32 programas bajo tres modalidades: apoyo productivo a la actividad agropecuaria; programa de inclusión social productiva y programa de fomento productivo forestal.
Articulación de los programas de transferencias condicionadas. Articulación de los programas productivos: Proagro Productivo, Progan y Fomento Café. En este caso se debe de crear un solo padrón de beneficiarios que permita conocer quiénes reciben los apoyos y así tratar de evitar duplicidades y concentración de los recursos.
Una sola Regla de Operación (ROP). Por cada uno de los componentes (apoyo productivo a las actividades agropecuarias, inclusión social productiva y fomento productivo forestal) se debe de crear una sola ROP que simplifique los trámites y sea más accesible para los posibles beneficiarios.
Una sola ventanilla. El articular los programas y crear un solo padrón permitiría que los beneficiarios acudieran a la ventanilla más cercana para realizar los trámites. Esto significa ahorros en la tramitación de los apoyos, posibilidades de articulación entre las instituciones y eliminación de la duplicidad de acciones y de incentivos encontrados.
Compras gubernamentales en apoyo a pequeños productores y al fortalecimiento de los mercados regionales. El gobierno tiene programas de desayunos escolares, de comedores comunitarios y de abasto a sectores vulnerables, entre otros. Si parte de los insumos que requiere para elaborar alimentos los comprara directamente a los campesinos, les daría certeza a éstos y les garantizaría un ingreso y dinamizaría las economías locales. Esta acción debe ser acompañada de la búsqueda de un sistema de precios remunerativos y certidumbre en la comercialización.
Responsabilidad social. Se propone la firma de convenios entre organizaciones locales y gobierno, que permita el desarrollo de planes regionales, el impulso de proyectos territoriales y el compromiso con el buen uso de los recursos. Esto generaría corresponsabilidad entre las Unidades Económicas Rurales (UER) y el gobierno.
Hoy es indispensable revalorar y fomentar el potencial productivo de pequeños productores agrícolas, así como hacer plenamente justos, progresivos y eficientes los programas dirigidos a este sector, al igual que los apoyos técnicos y económicos, ya que mejorar sus condiciones productivas redunda en beneficios para la sociedad.
