De acuerdo con datos proporcionados por Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C., más de la mitad de los recursos de Procampo (ahora Proagro), es decir, el 60%, se destinó sólo al 20% del padrón de productores beneficiados. Recibieron 58 mil 217 millones de pesos, de 2006 a 2012 en subsidios al campo, por parte del gobierno federal.

Las empresas Agrícola Ohuira, de Sinaloa; las campechanas Boximo y Laguna Blanca, la Comunidad Indígena Jalisciense de San Sebastián Teponahuaxtlan, Agropecuaria Valle Bonito, Auza y Cantú Noyola, ubicadas en Tamaulipas, así como la sonorense Agrícola Los Titanes son las principales beneficiarias del Programa de Apoyos Directos al Campo.

No tendría nada de malo el apoyo, porque para eso son los recursos, siempre y cuando se dividiera equitativamente entre grandes y pequeños. Por este tipo de desequilibrios es que Procampo es un ejemplo de cuando los subsidios otorgados por el gobierno no llegan a su población objetivo, en este caso a los campesinos, y, por el contrario, se concentran en las manos de aquellos que no necesitan recursos públicos.

No es la primera vez que organizaciones académicas como ésta revelan, con números y sin afán partidista, si el dinero al campo está bien usado. Hace ya tiempo que se descubrió que los recursos no sólo estaban muy concentrados en pocas manos, sino que iban a parar a manos de narcotraficantes y de algunos políticos con conflicto de interés en el sector.

Estamos a las puertas de una gran reforma en el sector campesino, pero llegamos a la misma con este tipo de irregularidades, que hacen nugatorio, aun antes de llevarse a cabo, cualquier cambio de fondo. La corrupción y el favoritismo han llevado al agro mexicano a su peor crisis. La falta de rentabilidad generalizada en el campo hace que haya pueblos fantasma, muchos más migrantes año con año, menos alimentos y más pobreza.

Con programas sociales en las zonas más pobres del país se busca paliar lo que los programas de apoyo al campo no hacen: generar las condiciones para un detonamiento espectacular de la actividad campesina. No. Por el contrario, se ofrece asistencialismo para que los más pobres del país la vayan pasando, y lo fuerte de los recursos para la promoción agrícola se va a quien ya es fuerte. No hay sentido ni social, ni económico en esta lógica de subsidios mal dirigidos.

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